En cuatro meses, el Código Procesal Penal (CPP) de República Dominicana cumplirá 21 años desde su entrada en vigor. Sin embargo, tras éstas dos décadas de aplicación, el modelo del sistema de justicia penal enfrenta desafíos que amenazan su eficacia y legitimidad.
El uso excesivo de prisión preventiva, la congestión en los tribunales, la escasa implementación de salidas alternas, las injusticias del proceso penal, la deficiente gestión de casos complejos y las limitaciones en el acceso a la salud de las personas privadas de libertad figuran entre los principales puntos críticos del sistema.
