La propuesta de reforma policial entregada el martes al Senado introduce un cambio que variaría una práctica histórica en la seguridad dominicana: la eliminación casi total de policías asignados a instituciones públicas y la restricción de su presencia en empresas privadas.
El proyecto establece en su artículo 147 que los agentes quedan prohibidos de realizar labores de vigilancia, custodia o seguridad en ministerios, direcciones y entidades del Estado, salvo en situaciones excepcionales sustentadas en riesgo y con una autorización del Ministerio de Interior y Policía.
De aprobarse el artículo tal como fue propuesto por el Poder Ejecutivo, en el país se acabaría la práctica recurrente de asignar agentes policiales como personal de seguridad o de custodia en las entidades públicas de la República Dominicana.
