Aunque los Estados Unidos ha incluido a la República Dominicana por tercera vez dentro de los países que deberán pagar aranceles —en esta ocasión, de un 12.5 % por la falta de un protocolo previo para frenar la importación de productos derivados del trabajo forzoso— las autoridades dominicanas mantienen una comunicación directa con sus homólogos estadounidenses y confían en conseguir «el arancel más bajo» para el país.
«Estoy convencido de que la República Dominicana va a terminar muy bien, sin perder un ápice de competitividad», garantizó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.
Planteó que este nuevo arancel está motivado por una búsqueda de Estados Unidos de que sus socios comerciales mejoren sus prácticas en torno a la prevención del trabajo forzoso, mientras sostiene la política arancelaria que la administración del presidente Donald Trump ha defendido con firmeza.
