El Congreso y el Gobierno echaron al zafacón la nueva ley de libertad de expresión
Aunque una comisión consultiva tardó tres años elaborando una propuesta para una nueva ley de libertad de expresión, hoy el planteamiento luce prácticamente inexistente. El proyecto, que llegó al Senado en abril de 2025 tras un largo proceso de redacción, perimió sin ser aprobado dentro del plazo reglamentario y terminó archivado en una comisión legislativa, sin que el Congreso ni el Poder Ejecutivo impulsaran su rescate.
La iniciativa de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, concebida para derogar la Ley 6132, comenzó a gestarse en junio de 2022 por disposición del presidente Luis Abinader, en momentos en que su Gobierno enfrentaba fuertes cuestionamientos por proyectos considerados como una amenaza para la libertad de prensa y de expresión.
En ese período, distintas organizaciones, periodistas y sectores de la sociedad civil criticaban iniciativas como la reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), propuestas vinculadas a la ciberseguridad y otros proyectos calificados como «leyes mordaza«, al entender que podían restringir derechos fundamentales.
Como respuesta a ese escenario, Abinader creó con carácter honorífico la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), integrada por juristas, comunicadores y especialistas, con la encomienda de elaborar un nuevo marco legal que sustituyera la legislación vigente desde hace décadas.
El proceso de redacción se extendió por cerca de tres años. Incluso, en abril de 2024, el propio mandatario presentó públicamente el borrador durante su encuentro semanal con la prensa, conocido como «La Semanal«, aunque el proyecto no fue remitido formalmente al Congreso sino hasta el 2 de mayo de 2025, cuando el Poder Ejecutivo lo depositó en el Senado.
