La Procuraduría es lenta en transferir bienes incautados a entidad que debe gestionarlos
Los más de tres mil millones de pesos en efectivo y en bienes que un juez ordenó decomisar a Maxy Gerardo Montilla Sierra, tras este negociar un criterio de oportunidad que le evitará la persecución penal, no han sido transferidos por la Procuraduría General de la República (PGR) a la institución que por ley debe administrarlo.
La Ley 60-23 sobre los bienes secuestrados, incautados y decomisados en los procesos penales establece, en su artículo 25, que el Ministerio Público (MP) debe «de manera inmediata o dentro de treinta días hábiles» transferirlos, una vez «practique la incautación o secuestro» de los bienes a la entidad que creó esa normativa para su administración.
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), según la mencionada normativa, es la que está obligada a gestionarlos.
